Allanaron el domicilio de Milagro Sala: cómo continúan los conflictos en Jujuy

La provincia del norte puso un cese en las manifestaciones, pero no es suficiente para calmar los reclamos de los grupos originarios.

Si bien Milagro Sala aún se encuentra presa, el grupo que lidera, Túpac Amaru, fue uno de los principales grupos en participar de los reclamos provinciales. Con motivo de las manifestaciones que terminaron en violencia, la policía jujeña ordenó el allanamiento de su domicilio y Sala se vio obligada a recurrir a sus abogados.

La reforma parcial de la Constitución que se aprobó y juró el pasado 20 de junio por orden de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, provocó una oleada de manifestaciones que terminaron en represión policial con varios heridos.

Con motivo de estas manifestaciones, el juez Rodolfo Fernández, especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración según explicó la Agencia de Noticias Télam, fue quien dio la orden de enviar a efectivos policiales para investigar la casa de la referente social.

Durante el allanamiento secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dinero vinculados al grupo Túpac Amaru con el fin de investigar si la presa política estuvo detrás de la violencia que se generó en las manifestaciones. Según explicaron en A24, la intromisión abrupta de la policía habría alterado el cuadro de salud de Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra internado en su habitación con monitoreo constante de su estado y según su familia “Está en sus últimos días”.

Varios grupos que apoyan a la referente social se pronunciaron en las redes sociales para cuestionar “El hostigamiento que recrudeció en contra de ellas las últimas semanas”. Si bien las manifestaciones parecen haber cesado, distintos sectores provinciales, como los docentes, pueblos originarios y jóvenes, continúan reclamando distintas medidas a Morales.

Qué establece la nueva reforma constitucional

La nueva reforma constitucional es la causa de todas las manifestaciones que vienen ocurriendo en distintos puntos de Jujuy. El gobernador Gerardo Morales cambió aspectos clave de ciertos artículos que atentan contra el derecho a manifestar y reclamar por derechos determinados.

Los dos artículos que el gobernador quiso modificar antes de retroceder nuevamente a la escritura de 1986, eran los puntos 36 y 50 referidos a los pueblos originarios con la excusa de que “Causan confusión”. El artículo 36 de la reforma modificaba el “Derecho a la propiedad privada” establecía que “No podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”.

Este punto estaba acompañado de penalización a toda persona o grupo que ejerciera la toma de tierras para reclamar su propiedad, una actividad frecuente de los grupos originarios que buscan recuperar las tierras de sus ancestros. Por su parte, el artículo 50 estaba referido al reconocimiento de aquellos grupos, expresando en el inciso 1 que “El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación”.

A su vez, otro de los puntos que provocaron las protestas fue la modificación que penalizaba el corte de calles como manifestación sin dejar una parte de la calle libre para la circulación de los vehículos. Sin embargo, tras la violencia que se desató y la pronunciación de políticos nacionales en las redes, Jujuy se vio obligado a retroceder con la reforma.