Sentencia histórica del Supremo Tribunal Federal de Brasil: La condena a Lula da Silva fue un montaje
El máximo tribunal dio por anuladas las pruebas que permitieron la encarcelación en 2018 del actual presidente de Brasil. La causa Lava Jato, la cual involucraba a Ignacio Lula Da Silva y a otros funcionarios en un entramado de corrupción con la empresa Odebrecht, según el juez José Antonio Dias Toffoli fue una operación orquestada con el objetivo de proscribir al líder del PT.
El pasado miércoles 6 de septiembre el Supremo Tribunal Federal, el equivalente a la Corte Suprema en Argentina, aceptó la petición de los representantes de la defensa de Lula da Silva y anuló toda relevación de pruebas sobre acuerdos entre el ejecutivo y la empresa constructora Odebrecht, en el marco de la causa Lava Jato. El Supremo consideró que dichas pruebas fueron obtenidas de forma ilegal por quién encabezó la causa contra Lula, el exjuez Sergio Moro, y expresó, a través de uno de sus miembros, el juez José Antonio Dias Toffoli, que dicho proceso judicial que llevó al líder del PT a la cárcel en 2018 fue “un montaje fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos cuyo objetivo era la conquista del Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarios a la ley“.
El Supremo afirmó que la animadversión de Moro hacia el candidato del PT fue “el verdadero huevo de la serpiente de los (futuros) ataques a la democracia y a las instituciones“. Para José Antonio Dias Toffoli el dictamen asevera que las confesiones formaron parte de una “tortura psicológica” para obtener pruebas falsas, y que la causa en su totalidad fue “algo armado” con un objetivo puntual: encarcelar a Lula. De esta manera, los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht deberá volver a magistrados de primera instancia a fin de ser revisados, porque para el Supremo no se procedió adecuadamente y la detención fue “uno de los mayores errores judiciales en la historia del país“.
El actual Ministro de Justicia, Flavio Dino, manifestó a través de redes sociales que la decisión del Supremo Tribunal Federal “tiene dos implicaciones; una jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia“.
La sentencia expone las debilidades del poder judicial, y pone en el centro del debate jurídico-político la idea del lawfare, neologismo inglés para referirse a la utilización de medios o instrumentos judiciales para iniciar una contienda política, que suele terminar con funcionarios juzgados penalmente o bien, desterrados de la escena política. Lula da Silva salió de prisión luego de 580 días, logró recuperar sus derechos civiles y políticos para así presentarse como candidato a las elecciones de 2022, donde vencería a su ya conocido contrincante.
En retrospectiva, el caso Lava Jato se perfiló como un análogo del Mani Pulite italiano en la década de los noventa, caracterizado por los negociados entablados entre empresas constructoras y algunos partidos políticos. Sin embargo, y como han expresado funcionarios del poder judicial italiano, la comparación posee ciertas flaquezas, ya que ningún fiscal se sumó al gobierno posterior, en este caso de Silvio Berlusconi, como sí lo hizo Sergio Moro cuando aceptó hacerse cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño, una vez que Bolsonaro tomo el mando del Palacio del Planalto con Lula ya proscripto. Cabe destacar, que el candidato del Partido de los Trabajadores lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales, aventajando a su competidor a solo dos meses de iniciarse los comicios.
Lo que deja entrever el fallo es que el ahora senador opositor Sergio Moro y el exfiscal Deltan Dallagnol pergeniaron la causa Lava Jato para despojarle a Lula la posibilidad de ser nuevamente presidente del Brasil, y así, borrar del mapa electoral al Partido de los Trabajadores y con ello toda legitimidad personalista del líder. Mientras se fraguaba el plan, el por entonces diputado opositor Jair Bolsonaro, esperaba que la resolución judicial del asunto se volcara hacia la tipificación del PT como una “organización delictiva”. El fallo del Supremo a favor de Lula da Silva logra revitalizar y reforzar la legitimidad de éste en un contexto de agitación política con sobrevuelo de fantasmas ultraderechistas.
No es un dato menor, que siete de los once miembros del Tribunal fueron indicados por Lula da Silva o por Dilma Rousseff, tres y cuatro respectivamente en diferentes momentos. Esto nos advierte que, si bien desde la teoría política contemporánea se estudia repetidamente la razón de ser de la independencia de los poderes del Estado, la defensa de la democracia tras los intentos golpistas del 8 de enero del corriente año resulta un motivo para que tanto el Ejecutivo como el Judicial se encolumnen en dicho objetivo.