Las infancias robadas de Malí
El conflicto sin fin en Malí entre el norte, tomado por agrupaciones rebeldes, y el sur, bajo el mando del gobierno central, está provocando una crisis humanitaria que se agrava cada vez más. Los indicadores sociales arrojan los peores índices del continente y toman como rehén a las víctimas que más duelen, los menores de edad.
Malí es uno de los países más grandes del continente africano, no tiene salida al mar y, como muchos de sus vecinos, está envuelto en una guerra interna que ya lleva poco más de una década. La guerra de Malí es un conflicto armado que se inició a principios de 2012 e involucra al norte y sur de un país partido a la mitad por tal motivo. Todo inició cuando distintos grupos rebeldes del norte se lanzaron en contra del Gobierno de Malí (en el sur) con la pretensión de una mayor independencia y autonomía. El Movimiento Nacional por Azaward (de ahora en más MNA) es la organización que promueve estas intenciones, con el objetivo principal de brindarle a los nómades tuareg mayores márgenes de libertad.
Si bien la disputa entre movimientos rebeldes del norte y el gobierno central cuenta con un derrotero de más de treinta años, los problemas se intensificaron cuando el MNA consiguió el apoyo de grupos islamistas como Andar Dine y Al-Qaeda con notoria influencia en el Magreb. Esta coalición rebelde pudo imponer la ley islámica o sharia, lo que trajo discrepancias entre el MNA y los grupos islamistas que supieron capitalizar la necesidad y debilidad de las organizaciones rebeldes para tratar de establecer un gobierno bajo las reglas islámicas más radicales. El control del norte de Malí se decantó por los segundos, lo que despertó el alerta de distintas potencias occidentales, entre ellas de Francia, país que renunció al control de Malí en 1960. Para mediados de la década pasada, el Gobierno de Malí pidió apoyo militar extranjero con el fin de obtener el control del norte nuevamente, y así mismo, firmó acuerdos de paz con los rebeldes del MNA, resentidos por caer y ser avasallados por las fuerzas islamistas.
Sin embargo, por desencuentros entre Francia y las autoridades oficiales de Malí, intervenciones rusas en el país africano, y una mayor presencia de organizaciones yihadistas, Macron decidió poner fin al apoyo francés en Malí. Desde entonces, la violencia en Malí es cada vez más extrema, y las principales víctimas son los mayores de edad.
Las víctimas reales
La República de Malí cuenta con una de las poblaciones mundiales más jóvenes del mundo, un promedio de edad de 16 años. Este es un dato que guarda especial relación con lo extremadamente díficil que es para los niños y niñas sobrevivir en este país. Factores como la pobreza extrema, la inseguridad, la desnutrición, la violencia de género, el escaso acceso a la educación, y el matrimonio infantil son algunos de los incontables problemas con los que tienen que lidiar las infancias. Las escaladas en el conflicto armado interno profundizan la emergencia que vive Mali a nivel social, político y económico.
La educación es una de las principales variables para evaluar la realidad de la infancia en Malí y la poca esperanza de cambio. Se calcula que cerca de 2 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años nunca fueron a la escuela y más de la mitad de los jóvenes malienses de entre 15 y 24 años no saben ni leer ni escribir. A pesar de que el Artículo 18 de la Constitución establece que “todos ciudadano tiene derecho a la educación” y que la Ley de Educación de 1999 garantiza ese derecho, el Gobierno de Malí siempre tuvo problemas para cumplir esta obligación. Se estima que 735 escuelas fueron cerradas y alrededor de 225.000 niños y niñas fueron desplazados de sus hogares debido a los recientes conflictos armados.
El sistema educativo es golpeado por las condiciones sociales adversas, como la constante agitación política, la inseguridad y las pocas escuelas cercanas a los hogares de niños. La deserción escolar se explica a partir de estos factores, sin olvidar que la educación es algo sin demasiada importancia, porque la supervivencia es lo primordial.
La mitad de las escuelas cuentan con la posibilidad de sustraer agua potable. Sólo el 39% de la población de Malí tiene acceso a servicios básicos de saneamiento, lo que provoca innumerables enfermedades que son prevenibles. Es tal la gravedad del conflicto en Malí, que en regiones del norte y centro del país, más del 90% de los desplazados internos terminaron en zonas donde el acceso al agua está por debajo del promedio nacional, que es del 69%. Malí se destaca por poseer uno de los índices más altos de mortalidad en África debido a su agua contaminada.
La dificultad para conseguir agua, sin importar sus condiciones, es una problemática que suele pesar sobre las mujeres y niñas por ser las encargadas de su recolección. La precariedad hace que muchos hogares tengan que compartir las instalaciones sanitarias, esto genera que muchas ellas sean víctimas de agresiones sexuales.
La salud es otro de los desafíos. La persistencia de enfermedades prevenibles como la neumonía, la malaria y la diarrea, son las principales causas de muerte en la infancia. Por desgracia, sólo el 45% de los niños y niñas de Malí reciben el calendario de vacunación completo y el 14% no recibió ninguna vacuna en su vida. Como resultado, uno de cada 10 niños en Malí mueren antes de cumplir los 5 años de edad, y 1 de cada 30 bebés no sobrevive a su primer mes de vida.
La inscripción de los nacimientos es otro asunto complejo. La inscripción de un recién nacido establece la existencia de esa persona ante la ley y sienta las bases para la protección de varios de los derechos civiles que le corresponden. Los niños y niñas no registrados se encuentran desprotegidos, lo que empuja a los niños al reclutamiento a las fuerzas rebeldes y a las niñas al matrimonio. En este sentido, el es quien debe asegurar el registro de personas, ya que el registro de nacimientos es un derecho fundamental protegido por varios instrumentos jurídicos internacionales, de los que Mali es signatario. Los niños que permanecen en zonas de conflicto llegan a la preadolescencia sin ser registrados. Sólo el 16% de los niños que viven en zonas rurales son registrados al nacer.
Trata infantil y matrimonio infantil
Los conflictos armados y la inseguridad generalizada son funcionales al aumento del tráfico de menores, el trabajo forzado y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Los grupos armados utilizan a los niños para que trabajen en distintas minas, las ganancias enriquecen a los combatiente mientras el círculo vicioso de violencia y explotación deja morir niños como si fuesen herramientas descartables.
Desde el comienzo del conflicto en 2012, el reclutamiento es literalmente el robo de la infancia. Para tener noción de la violencia, para 2018 un tercio de la población de Mali vive en zonas afectadas por la guerra. Tanto los grupos a favor, como en contra del gobierno recurrieron al reclutamiento de menores, recurso que va en contra de la ratificación de Malí del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados del año 2002. Con suma frecuencia, sucede que la propia familia del niño conspira contra él para que forme parte de algún grupo rebelde, utilizan el engaño de hacerles creer que obtendrán recursos económicos que de otra manera sería imposible conseguir.
El matrimonio infantil representa una violación a los derechos humanos fundamentales. En Malí, una de cada dos niñas contrae matrimonio durante su infancia. Producto de esto, las niñas menores a 18 años abandonan la escuela o, en algunos casos, ni siquiera se inician en ella, y son presa fácil de cualquier tipo de violencia, física, sexual y psicológica. La violencia llega al extremo cuando quedan embarazadas prematuramente, lo cual trae lógicas complicaciones a su salud. La vida de las menores es arrebatada de su familia para dar comienzo a una existencia repleta de sometimientos, prohibiciones y vejaciones.
En algunas regiones de Malí, las niñas son presionadas a casarse desde los 10 años de edad, con hombres que las doblan en edad. Malí cuenta con una de las tasas mas altas de mutilación genital femenina (de ahora en más MGF). Sobre este tema existen serias contradicciones. Si bien Malí ratificó el Protocolo de Maputo, el cual establece la eliminación de la MGF, no existe una legislación nacional que criminalice y penalice su práctica.
Lo que se ha expuesto contempla a Mali pero sirve para reflejar la realidad de casi todos los pueblos subsaharianos. El calentamiento frenético de la región del Sahel -cordón que está debajo del desierto del Sahara- está superando el promedio mundial. Esto causa sequías y condiciones de vida infrahumanas y obliga a las familias a migrar hacia otras zonas que, de seguro, no desconocen en absoluto la violencia.
Fuentes consultadas:
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/mli