Caso Ayotzinapa: A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas

México en busca de justicia, el Gobierno desmiente el informe de la Verdad Histórica y avanza en los hechos del crimen.

“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, tras conocerse el informe del caso Ayotzinapa.

El 18 de agosto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa compartió la conclusión de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014. El informe se presentó como la posición política del Gobierno oficialista en el que se recopilan una serie de documentos y resultados de la reconstrucción de los días 26 y 27 de septiembre de hace ocho años atrás.

El subsecretario destacó que la desaparición y ejecución de los estudiantes fue un crimen de Estado y que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser condenado por cuatro delitos: privación de la libertad, homicidio, participación en involucramientos de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado y la negativa, manipulación y ocultamiento de información.

En el informe se acusó a las autoridades federales y estatales, tanto de haber tenido conocimiento de la manifestación de los estudiantes, como de la participación y desaparición de un miembro del ejército e informante de las Fuerzas Armadas, Julio César López Patolzin, cuyas autoridades no activaron el protocolo de búsqueda de defensa nacional que podría haber dado con el paradero del soldado, y, por ende, de los 43 alumnos.

A su vez, el análisis de las llamadas telefónicas demostró el vínculo entre el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, autoridades nacionales y policías estatales que se organizaron (de manera combinada) en seis núcleos que partieron desde el centro de Iguala, Ciudad de México, para desaparecer estratégicamente a los estudiantes y que éstos fueron vigilados los días previos a la manifestación.

Según Encinas, la investigación refleja el trabajo de un comité científico y un grupo interdisciplinario cuya conclusión es que la “Verdad histórica” es falsa y la desaparición “fue responsabilidad del Estado”. Con “Verdad histórica”, se refiere a una organización gubernamental formada durante la gestión de Enrique Peña Nieto, acusada de haberse dedicado a ocultar los vínculos con el grupo delictivo, “Guerreros Unidos” y asegurar que los desaparecidos tuvieron intenciones de boicotear la conferencia de la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), cuando en realidad iban a tomar camiones para trasladarse a una manifestación el 26 de septiembre.

“Hay una diferencia sustancial de fondo, la Verdad Histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, expresó el subsecretario mientras explicó que el análisis difundido por el Gobierno actual es respaldado por la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que les permitió descifrar evidencia clave.

El subsecretario concluyó la conferencia con la identificación de tres de las víctimas y aseguró que: “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

¿Qué sucedió en aquella noche?

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 alumnos normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, que estaban organizándose para manifestar su pedido de justicia por el asesinato de Arturo Hernández Cardona en 2013, un dirigente social de Iguala.

Los estudiantes se organizaron con el objetivo de reclamar justicia por el activista y algunos de sus compañeros que corrieron la misma suerte. Según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un pequeño grupo de manifestantes ingresó a un edificio que había sido desalojado por orden de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, para romper e incendiar documentación.

El actual informe que presentó el oficialismo señala que el ex alcalde y el grupo Guerreros Unidos amenazaron a los alumnos de Ayotzinapa tras los daños provocados. Las investigaciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúan para esclarecer qué sucedió con el resto de los estudiantes, ya que se descubrió que seis de ellos fueron asesinados en cautiverio por un militar días después de la protesta, y se desmiente que todas las víctimas fueron arrojadas al río San Juan.