Birmania: después de mas de 30 años aplica la pena de muerte.

La junta militar condeno, tras un juicio a “puertas cerradas” a pena de muerte a cuatro activistas pro-democracia. El cumplimiento de la sentencia se llevó a cabo el mes pasado, sin especificar cómo ni cuándo.

Desde febrero de 2021, el país se encuentra sumido en un golpe de Estado, perpetrado por Tatmadaw de las Fuerzas Armadas de Birmania. Cabe aclarar que en Birmania o Myanmar, desde que logró su independencia en 1948 de Gran Bretaña, se caracteriza por su inestabilidad política ya que los militares estuvieron en el poder desde sus comienzos como nación hasta el día de hoy, a excepción los periodos comprendidos entre 1960-1962 y 2015-2021.

En el último periodo democrático, el partido ganador fue la Liga Nacional para la Democracia, conducido por Suu Kyi. A pesar de este avance democrático, los militares no permitieron el nombramiento de una cuarta parte de los miembros del parlamento. En las elecciones llevadas a cabo el 8 de noviembre de 2020, La Liga Nacional para la Democracia, volvió a salir victoriosa, obteniendo 396 escaños de los 476 presentes en el parlamento, mientras que el partido delegado de los militares, obtuvo solamente 33. Ante esta situación de alevosa diferencia entre ambos partidos, el ejército cuestionó el resultado, alegando fraude electoral. Y un día antes de que el parlamento jurara a los miembros electos, se lleva adelante un golpe de Estado en febrero del 2021.

Es en este contexto que la junta militar en juicio, condeno y ejecuto a las cuatro personas. El portavoz del Gobierno, Zaw Min Tun, anunció que Myanmar va a retomar la pena de muerte de forma oficial y defendió la aplicación de la misma diciendo que los cuatro ejecutados “merecían la muerte”. Tras las criticas a la decisión, tambien dijo que “Si comparamos su pena con otros casos de pena de muerte, cometieron crímenes para los cuales deberían de haber sido condenados a muerte varias veces”. Desde la llegada del Tatmadaw al poder, ya se han sentenciado 119 personas a pena de muerte. 

Si bien este país no había abolido la pena capital, las autoridades otorgaban múltiples indultos a los sentenciados. Según Zaw Min Tun, como forma de defender estas primeras ejecuciones, dijo que todo se ha realizado acorde al derecho:  “El tribunal dictó la pena de muerte después de otorgarles el derecho de defenderse en cada etapa del procedimiento judicial (…). Pudieron apelar y presentar una carta de petición”, lo que no quita el hecho de que se trate de un total retroceso en cuanto a Derechos Humanos totalmente repudiable. 

Tomando a Amnistia internacional, la pena de muerte viola distintos derechos humanos, en particular el de la vida y el derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, ambos derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.

La comunidad internacional ya ha criticado en diversas ocasiones las acciones de la junta militar y han denunciado en un comunicado conjunto de “reprensibles actos de violencia que ponen de manifiesto el desprecio del régimen por los derechos humanos y el imperio de la ley.”. Por otro lado, Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, delató “el total desprecio del régimen por los derechos humanos y el Estado de Derecho”. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), del cual Myanmar es parte, condenó con dureza la ejecución y en la próxima reunión, donde la junta militar no fue invitada, los líderes discutirán sobre la actual situación de Myanmar y las ejecuciones, entre otros temas. Desde Camboya, actual país presidente de la organización comunicaron que “La aplicaciones de estas penas de muerte (…) es altamente reprobable, ya que constituye un retroceso y una flagrante falta de voluntad de apoyar los esfuerzos (…) para poner fin a la violencia y aliviar el sufrimiento de personas inocentes”. Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos en las Naciones Unidas y Antonio Gueterres, secretario general de las Naciones Unidas, también hicieron sus respectivos descargos con respecto al tema. 

Hasta el momento, según una ONG local, más de 2.000 civiles murieron y más de 15.000 fueron detenidos. La suma de violaciones de Derechos Humanos hasta ahora cometidos por la junta, probablemente impacte de forma negativa en el país, generando así una situación de aislamiento internacional, como castigo o desaprobación.