Uganda y la “Ley antihomosexualidad”
El gobierno ugandés refuerza sus leyes antihomosexuales con castigos que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte. Un duro golpe a la comunidad LGBTIQ+ que provocó fuertes advertencias desde occidente e instituciones de salud internacional. El debate sobre los derechos humanos y la no intromisión externa se hace presente en Uganda.
El pasado 29 de mayo se anunció en Uganda la sanción de la “Ley antihomosexualidad 2023”. Su promulgación establece condenas para aquellas personas que mantengan relaciones con personas del mismo sexo o promuevan actividades a favor de la comunidad LGBTIQ+. Lo sobresaliente, es que se incluye una disposición llamada “homosexualidad agravada”, la cual incorpora la cadena perpetua o la ejecución para personas reincidentes en alguna actividad de carácter homosexual. Vale recordar, que pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ representa un delito desde antes de la ley. La “homosexualidad agravada” contempla como crimen: mantener relaciones homoparentales y que se padezca de VIH, lo que agravaría la penalidad; y la participación de menores de edad -menor a 18 años- o personas con vulnerabilidades en cualquier acto sexual.
Las principales instituciones de promoción de la salud en el mundo manifestaron su preocupación ante la nueva normativa, creen que el combate contra el VIH sufriría un importante retroceso y que las personas alcanzadas por la enfermedad temerán pedir ayuda sanitaria por el riesgo a sufrir ataques y escarmientos públicos, producto de una estigmatización que sigue asociando el VIH con la homosexualidad. De mantenerse firme la ley, los índices de prevención y tratamiento se reducirían notablemente.
Durante el 2021, se ha ido consolidando desde el parlamento ugandés la idea de que la homosexualidad no debe existir en Uganda. En 67 países es un delito, en 11 países la homosexualidad es merecedora de la pena capital -reglamentación que se justifica bajo diferentes tipificaciones de delitos- y en toda África hay 35 países que condenan este tipo de relación.
Como era de esperarse, tanto las organizaciones de defensa de los derechos humanos como muchos países occidentales se hicieron eco de la ordenanza, entendiendo que es una trágica violación a los derechos humanos. De la misma forma se manifestaron los activistas ugandeses, haciendo un llamado a la totalidad de la comunidad internacional para que intervenga en el asunto.
La voz cantante de los países que exclamaron su disconformidad fue Estados Unidos, que evalúa castigar con desinversiones y distintos tipos de sanciones al Estado africano, incluida la restricción al ingreso a Estados Unidos de todo aquel que este involucrado en violaciones a los derechos humanos, en una muestra más del “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Estados Unidos es un socio comercial esencial para Uganda. Éste, al igual que muchos países africanos, se beneficia de la Ley de Crecimiento y Oportunidades Africanas, norma que brinda acceso a determinados mercados estadounidenses. En la misma sintonía, Josep Borrell, funcionario de la Unión Europea encargado de los Asuntos exteriores y la política de seguridad, instó al gobierno de Uganda a salvaguardar los derechos de sus ciudadanos, de lo contrario, deberá enfrentar un deterioro de las relaciones con sus socios internacionales.
Ante los avisos occidentales de efectuar sanciones a Uganda por la aprobación de la controversial disposición, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, advirtió que “nadie nos hará cambiar”, apelando a la población ugandesa a luchar por el mantenimiento y respeto a la ley porque “…la homosexualidad es una cuestión grave que atañe a la raza humana”.
Desde el gobierno ugandés se defiende la ley por considerarse necesaria para la preservación de los principios básicos de la comunidad, entre ellos proteger el carácter sagrado de la familia. Esta cuestión es central dentro de la sociedad ugandesa. La homosexualidad, más allá de juzgarse como una depravación, es tomada como una amenaza que atenta contra la integridad de la propia sociedad, que ve en la familia el germen de todo pueblo. En este sentido, la heterosexualidad es la gran protectora eterna de la cultura y los valores.
Uganda, como tantos otros países que condenan las relaciones homoparentales, tiene la creencia de que tener relaciones con las personas del mismo sexo socava la estructura social y su propia existencia. La revolución mundial de percibirnos a nosotros mismos de una determinada manera, debe abordarse como un fenómeno más bien occidental, que aprendió a distinguir entre la sexualidad, como algo performativo, y la reproducción como una carga económica. Para los países donde la familia representa el núcleo de la existencia de un Estado, la función de la sexualidad está sujeta a la reproducción, que a su vez, asegura la supervivencia del hombre.
Algo poco visibilizado dentro de la misma Uganda es la existencia de refugios donde se alberga a personas que sufrieron la expulsión de sus hogares por el hecho de ser homosexuales. Esta clandestinidad a la que son arrojados no puede sostenerse demasiado en el tiempo, ya que aquellos que sean cómplices de la ‘criminalidad’ también serán juzgados. Así mismo, las redadas policiales en los bares gays es algo habitual y cotidiano. Alquilar un inmueble con intenciones de realizar actividades que promuevan la homosexualidad está prohibido por considerarse un delito. Sin refugios disponibles, mucho se encuentran a la deriva.