Malvinas tiene una nueva gobernadora designada, de facto, por el gobierno británico

El pasado 23 de julio, Alison Mary Blake asumió el gobierno de las Islas Malvinas, luego de su designación por parte de la corona británica en marzo de 2022. Aquí, algunos puntos para el debate.

El Reino Unido continúa con su política de sostener un gobierno comandado desde el norte en las Islas Malvinas. El 23 de julio de 2022 asumió la primera gobernadora mujer en el archipiélago, se trata de la diplomática del Foreing Office Alison Mary Blake, quien viajó más de 12 mil kilómetros desde Londres para su toma de posesión.

Blake comenzó su carrera trabajando como arqueóloga en el Museo de Londres, English Heritage y el Greater London Council entre 1983 y 1987. Posteriormente se desempeñó en el Ministerio de Defensa británico, para luego formar parte de la delegación de ese país ante la OTAN, entre 1996 y 1997. Entre otros cargos, en 2007 fue designada jefa del Grupo de Conflicto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones. Sus últimas funciones las desarrolló como embajadora en Afganistán, entre 2019 y 2021.

El último año la llevó de Afganistán a Malvinas, previa escala en Londres. Blake asumió como Gobernadora de las Islas Malvinas y Comisionada de Su Majestad para las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur el 23 de julio pasado, en una jornada cargada de simbología militar y formalidades políticas.

Según la constitución que rige de facto sobre la población malvinense, el gobernador de las islas es nombrado por la Reina a propuesta del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad. A partir de ello, quien gobierna tiene la autoridad de la Reina siendo responsable, entre otras cosas, de la defensa y la seguridad interna, indultar y conmutar penas y encargarse de las decisiones más relevantes sobre la administración política y económica. Sus facultades, sin embargo, se encuentran limitadas en tanto debe guiarse por la consulta previa al Consejo Ejecutivo local, una suerte de comité asesor.

Este recambio de gobierno no es un detalle menor. Constituye un capítulo más en la política de reticencia del Reino Unido por sentarse a dialogar los términos de una resolución pacífica de la disputa por soberanía con la República Argentina. Blake, en su discurso de asunción tuvo un guiño con los habitantes de Malvinas, al sostener que su objetivo es reafirmar el pronunciamiento dado en el plebiscito de 2013 de seguir siendo parte del Reino Unido.

La referencia anterior merece dos apreciaciones. En primer lugar, repensar la legitimidad de aquella votación; en segundo término, discutir con el discurso oficial británico la relación entre usurpador y usurpado.

El llamado a una elección para determinar si los habitantes de Malvinas querían seguir siendo parte del Reino Unido o no, se efectuó invocando el Principio de Autodeterminación de los Pueblos. El mismo sigue siendo parte del núcleo discursivo del gobierno británico, sin embargo, existen motivos para sostener que carece de sustento jurídico, además de colisionar con el principio de integridad territorial.

Resulta inaplicable por el hecho de que en Malvinas no existe un pueblo como tal, es decir, una población preexistente al Estado o ciudadanos de un Estado bajo el dominio de otro. Quienes habitan las islas en la actualidad son el resultado de una estrategia de implantación poblacional directa desde la metrópolis. Y no sólo eso, por el resultado de la votación, desean seguir viviendo bajo el mismo precepto: ser británicos en un “territorio de ultramar”. En otras palabras, en la disputa no hay tres partes (como quiere hacer creer el gobierno británico), sino dos: el Estado Argentino y el Reino Unido.

Por otro lado, el discurso oficialista de Londres quiere imponer la idea de que ellos mismos son víctimas de la usurpación argentina, intentando legitimar su permanencia y —cada vez mayor— presencia militar en el Atlántico Sur. Si bien la guerra de 1982 significó el mayor retroceso en la estrategia argentina de recuperación de las islas, aún hay sólidos argumentos para rebatir aquel discurso.

Sólo por mencionar un ejemplo, ya en 1985, Juan Carlos Puig señalaba de inobjetable la “ocupación ininterrumpida que detentó España hasta 1811 y luego Argentina a partir de 1820 y hasta 1833, no cuestionada por Gran Bretaña” en el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de 1826 (1). En ningún momento existió acuerdo alguno por el cual Argentina cediera sobre alguna materia frente a las pretensiones del Reino Unido. Todo lo contrario, luego de la expulsión de la población argentina, Buenos Aires abogó en cada oportunidad por las vías formales por una resolución a la disputa con Londres.

Las Naciones Unidas también se han pronunciado al respecto. La Resolución 2065, del 16 de diciembre de 1965, es una muestra más de que los implicados son ambos Estados, sin terceras partes. La misma insta a una resolución pacífica de la controversia, a la cual el Reino Unido se ha negado a aceptar.

Argentina tiene la tarea más compleja. Primero, lograr una política exterior duradera en el tiempo respecto a Malvinas. Para ello, es necesario legitimar la causa tanto hacia adentro como hacia afuera de las fronteras. Segundo, insistir en el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y la sujeción a derecho de la contraparte. Tercero, en cada oportunidad posible, rebatir con pruebas y argumentos las inconsistencias discursivas del Reino Unido y conducirlo a negociar, aunque —como puede ocurrir en otros ámbitos— nadie que crea que no puede ganar, estaría dispuesto a discutir.

Referencias

(1) Puig, J. C. (1985). Malvinas: tres años después. Nueva Sociedad, N° 77, mayo-junio 1985, pp. 13-20.